Según publicó recientemente el sitio World Prison Brief (WPB, por sus siglas en Inglés), El Salvador en primer lugar y Cuba en segundo, son los dos países con mayor tasa carcelaria a nivel mundial, un dato que se calcula tomando como base la cifra de 100 000 habitantes.
WPB es una base de datos en línea que proporciona acceso gratuito e información sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo y está organizado por el Institute for Crime & Justice Policy Research (CIPR) en Birckbeck, Universidad de Londres.
Este informe de WPB se basa en un documento emitido por la ONG “Prisioners Defenders” en el 2020 con el apoyo de otras instituciones y políticos europeos, el cual fue redactado tomando como referencia informaciones del propio Ministerio del Interior de Cuba.
La tasa carcelaria determinada por WPB para Cuba se ha fijado en 794 reclusos por cada 100 000 habitantes, cifra que debe haber aumentado sustancialmente si tenemos en cuenta que en julio de 2021 se produjeron las protestas masivas que mantienen en las cárceles a más de mil cubanos y la dictadura continúa celebrando procesos judiciales de esa naturaleza, como el reciente juicio contra los manifestantes en Nuevitas y el ya anunciado contra los de Caimanera.
Varias organizaciones no gubernamentales afirman que en Cuba hay más de 1 100 presos políticos, de ellos más de 700 condenados por las protestas de julio de 2021. Según un reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en Inglés), Cuba es uno de los tres países del continente americano que encarcela a periodistas.
Según el mencionado informe de Prisioners Defenders, en el 2020 había más de 90 000 personas encarceladas en Cuba y otros 37 000 sancionados cumplían sus condenas en reclusión domiciliaria o campamentos de trabajo forzado.
Más allá de las objeciones que pudieran hacerse al presidente Nayib Bukele por la alta cifra de reclusos de El Salvador ,es obvio que su política está dirigida contra el crimen organizado que de forma masiva y creciente existía en ese país y lo había convertido en uno de los más inseguros del mundo. Comparar ambas tasas carcelarias sería un error porque en el caso cubano la existencia de esa gigantesca cantidad de reclusos señala como su verdadera causante a la dictadura comunista, empeñada en mantener un férreo control político, económico y social sobre el país. Consecuentemente, todo lo que tienda a salir de ese control se considera delito.
En Cuba el ejercicio de la libertad de expresión está tan restringido que no debe hablarse solo de que todos los medios de difusión masiva están controlados por el partido comunista, sino que atreverse a ejercer ese derecho sin consentimiento oficial, o hacerlo vertiendo opiniones en contra de la dictadura provoca de inmediato -y en el mejor de los casos-una citación policial, un acta de advertencia o la expulsión del trabajo. Otras veces provocan un proceso judicial y el encarcelamiento. Así le ocurrió al joven Luis Robles por salir a la calle con un cartel pidiendo libertad para los cubanos, a Carlos Ernesto Díaz González- conocido como “Ktivo Disidente”- y más recientemente a la profesora universitaria Alina Bárbara López Hernández, sancionada a pagar una altísima multa solo por ir a un parque para ejercer ese derecho.
Grabar con un teléfono a un policía mientras ejecuta una brutal golpiza a otro ciudadano o comete una injusticia, hacer algún comentario en las redes contra algún dirigente comunista o criticar la política impuesta también es objeto de represión inmediata, un proceso que comienza con la intimidación y no excluye el asesinato mediático en las redes ni la cárcel como último recurso. Sencillamente el régimen cubano no acaba de interiorizar que lo normal es que haya diversidad de opiniones y que exista la posibilidad real de ejercer el derecho a decirlas. Lo anormal, antijurídico e inmoral es lo que él hace.
El grueso de esa población carcelaria está formado por delincuentes comunes. Una buena parte de esa población penal está bien sancionada por haber ejecutado actos de extrema violencia, en los cuales la dictadura también tiene responsabilidad atendiendo al daño antropológico y a los valores morales que ha ejecutado en contra de la sociedad cubana por más de seis décadas. Pero otra buena parte de esas personas ha sido sancionada por hechos de carácter político o económico que en cualquier país democrático no serían delitos.
La gran mayoría de estos presos-excepto los que se prestan a servir a las autoridades carcelarias para obtener prebendas, pues miserables hay en todas partes- viven en paupérrimas condiciones y sin poder contar con un recurso efectivo en defensa de sus derechos, reconocidos en las Reglas Mandela. Esto parece no tener una solución a la vista teniendo en cuenta la falta de voluntad política de los comunistas para hacerlo, a lo cual coadyuva que ha sido una práctica reiterada suya no permitir que organizaciones internacionales visiten las cárceles y conozcan cómo viven los presos cubanos.
En la prisión de Guanajay, provincia de Artemisa, están aislados en celdas de castigo los presos políticos Denis Hernández Ramírez, Omar Hernández Calzadilla y Víctor Alejandro Painceira por protestar la decisión de las autoridades de reducir la cantidad de alimentos que reciben de sus familiares durante las visitas. Indudablemente se trata de una medida dirigida a aumentar el sufrimiento de los reclusos teniendo en cuenta la insuficiente alimentación que reciben y la baja calidad de la misma, algo que es objeto de constante denuncia en las redes sociales.
Sometidos a similares condiciones de ostracismo carcelario y con visibles signos de deterioro en su salud se encuentran Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Loreto Hernández y Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, este último trasladado urgentemente al Hospital Nacional el pasado 10 de enero debido a una presunta hepatitis, algo que sólo se hizo luego de reiteradas denuncias en las redes sociales de su madre Migdalia Gutiérrez Padrón.
Los presos políticos Yonay Noreu Leal, Rolando Abreu Chile, Maikel Armenteros Oramas y Javier Jiménez Gómez denunciaron el pasado 12 de enero las condiciones de hacinamiento, falta de alimentación, medicamentos y de asistencia médica existentes en el Combinado Sur de la provincia de Matanzas, en la prisión Alambradas de Manacas y en el campamento de trabajo forzado de Cascajal, respectivamente.
Extremadamente demostrativa de hasta donde ha llegado la crueldad de la dictadura comunista ha sido la reciente denuncia hecha por la madre de la presa política Lisdany Rodríguez, a quien la Seguridad del Estado ha estado hostigando para que interrumpa su embarazo.
Y todo esto ocurre ante las narices de muchos gobiernos democráticos del mundo.
Roberto de Jesús Quiñones Haces
Harrisonburg, VA, lunes 29 de enero del 2024.
Así ha sido desde el principio. Mi.padre fue p
preso político en los comienzos de la década del 60. En esa época aun habían algunos abogados valientes que asumían la defensa. Rápidamente fueron acallàndolos a todos, los más visionarios se fueron yendo, mi padre fue condenado sin que pudieran probarle ningún acto delictivo y de entonces a acá llueve sin escampar. Cuba entera es una gran cárcel. La única libertad posible es el éxodo.